"La apertura de la Comisión de Economía del
Congreso para debatir la nueva proposición de Ley “anti-desahucios” del
PP en la que intervino la representante de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH), ha servido como catalizador de varias posturas
públicas sobre el drama de los desahucios y un debate acerca de cuál es
el lenguaje correcto para abordar el tema.
Que la portavoz de la PAH tildara de criminales
a los responsables de las entidades financieras desató una polémica. Y
no porque supusiera algo nuevo, pues así es como se viene llamando a
políticos y banqueros en las calles durante estos últimos años. Pero
que Ada Colau lo dijera en el honorable Congreso parece que ofendió a más de uno, seguramente al sentirse señalados con el dedo acusador.
Pero lo que dijo la representante de la PAH, también es algo que se
viene debatiendo desde hace unos años en algunos círculos académicos.
Desde algunas ciencias dedicadas al estudio de la desviación como la
criminología y la sociología jurídico-penal, se viene analizando lo que
se denomina como crímenes estatal-corporativos
para explicar ciertos fenómenos como los producidos por la crisis
financiera. Esta categorización, que busca estudiar las complejas
relaciones entre poder político y corporativo y la producción de
crímenes, ha sido fruto de la necesidad de ampliar la estrecha mirada
que las ciencias penales, centradas en la delincuencia común, había
venido desarrollando hasta ahora, siendo incapaces de explicar los
grandes procesos de victimización que se producen en nuestras
sociedades.
Por otro lado, la restricción
legalista de las definiciones aferradas al Código Penal, ha sido
reemplazada en estos estudios por la perspectiva de lo que en los
ámbitos anglosajones se viene denominando como social harm, es decir, el estudio de aquellas situaciones, decisiones políticas o medidas que generan un grave perjuicio o daño social.
Así pues, lo que se está viviendo en el Estado español es un proceso
de grave dañosidad social: varios cientos de miles familias han sido
despojadas de sus casas y algunas decenas de personas han terminado
quitándose la vida. La última, un activista de Stop Desahucios el pasado
viernes en Córdoba. Por otra parte, los índices de pobreza no han hecho
más que aumentar, España se sitúa a la cabeza de la Eurozona en
desigualdad social (índice Gini de 34), arrastrando un paro histórico e
insostenible, a lo que se suma la pérdida notable de poder adquisitivo.
Hay quienes hablan de una generación perdida.
Ante esta situación, la respuesta de gobiernos y corporaciones ha sido
clara: rescate de la banca, indemnizaciones millonarias a sus
responsables, aumento de impuestos que afectan en mayor medida a las
clases medias y bajas, amnistía fiscal para los grandes defraudadores y,
en fin, la implantación evidente del modelo neoliberal que conlleva el
desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Desde esta perspectiva, la intervención de Ada Colau se ha quedado incluso corta.
Además de las entidades financieras, el Estado, empezando por los
diferentes gobiernos, tienen una responsabilidad directa en la
generación de la crisis, pero sobre todo, en los daños que está
generando su gestión. La Ley del Suelo y Ley Hipotecaria son normativas
con claros efectos criminógenos. La actitud ciega de las entidades
bancarias que continúan solicitando ejecuciones hipotecarias, así como
la actuación de las agencias del Estado (gobiernos, jueces, policías)
que hasta hace poco continuaron con una actuación banal de cumplimiento burocrático de la ley, nos permiten hablar de la producción de verdaderos crímenes.
Si el Derecho Penal es una ciencia que se encarga de castigar los
comportamientos más graves, es evidente que debería encargarse de esto y
no, paradójicamente, de criminalizar a quienes protestan por estas
injusticias. Fraude, estafa, y otros delitos económicos, pero también
homicidio, son probablemente algunos de los tipos delictivos en los que
representantes políticos y responsables de las corporaciones financieras
podrían estar incurriendo.
En todo caso,
discutir sobre la “tipicidad” de estas acciones nos puede llevar a
ignorar de manera cómplice a las víctimas. La difícil atribución de la
etiqueta de “criminal” a los comportamientos de los poderosos, o por no
ser perseguidos cuando están tipificados, genera impunidad. Por tanto,
debemos ir más allá y decir, que dejar sin hogar a cientos de miles de
familias mientras España es uno de los países que acumula más vivienda
vacía (entre 3 y 5 millones de pisos según la PAH) es claramente criminal.
Quienes se rasguen las vestiduras invocando el Estado de derecho habría
que recordarles simplemente el contenido de los artículos 43 (derecho a
una vivienda digna) 15 (derecho a la vida) y sobre todo 9.2 (obligación
de las administraciones públicas de promover las circunstancias para el
disfrute real y material de los derechos) de la Constitución Española.
Esas mismas normas imponen una aplicación flexible de la ley para
impedir que se siga produciendo más daño.
Impedir más desahucios y suicidios por problemas económicos es una
responsabilidad del gobierno. Las medidas paliativas, de parche,
insuficientes que han tomado hasta ahora (Código de buena prácticas,
RD-Ley 27/2012 y el Fondo Social de Viviendas) son una ofensa para la
ciudadanía. La reforma profunda del sistema, empezando por la Ley
Hipotecaria, y si Ada Colau tiene razón, debe seguir con la exigencia de
indemnización de las víctimas que ha dejado la crisis, de los
desahuciados, y porque no, de las familias de quienes se han quitado la
vida.
Los suicidios debidos a la promoción de alzamientos por parte de los bancos y la inacción del gobierno son un claro ejemplo de crímenes estatal-corporativos.
Desde la universidad, el estudio de estos fenómenos y de la relación
simbiótica entre poder político y corporativo y entre corrupción y
crisis financiera es una obligación. La criminología no puede (una vez
más) mirar para otro lado".
