La berlusconización de la política de bienes culturales en Murcia
Los recientes conflictos surgidos en torno a la conservación de bienes culturales en Murcia, parking de San Esteban; en Cartagena, puerta del CIM; y en Lorca, construcción de un parador en pleno castillo, ponen de manifiesto los efectos de una política cultural que se ha venido practicando en
En todos los casos sorprende y escandaliza la actitud de las administraciones regional y local que, en lugar de ser garantes de una intervención seria e imparcial, como sería de desear, jalean la demolición y el desmonte de los restos, restándole importancia a los hallazgos y actuando muchas veces en defensa de intereses privados y en perjuicio de todos los murcianos, en definitiva; porque el patrimonio histórico es un bien público consagrado en
En el caso del Parking de San Esteban está clarísimo que la conservación de los restos choca frontalmente con los intereses de quienes promueven ese parking y de un ayuntamiento que lo ha alentado a pesar de la notoriedad de los eventuales restos arqueológicos. En Cartagena la única “razón de peso” que existe para demoler la antigua puerta del Cuartel de instrucción es que no hay dinero para restaurarla. Lo cual clama al cielo cuando se acaban de perder 600.000 euros de subvenciones estatales por falta de proyectos para
Todas estas actuaciones son consecuencia de varios factores directos imputables claramente a decisiones políticas y a otras causas de orden general.
Los factores políticos son: a) la transferencia de la responsabilidad de la gestión del patrimonio histórico a los ayuntamientos, que la supeditan a la gestión urbanística pura y dura; b) la subordinación de
Inconsecuentemente con estas decisiones de carácter político que acabo de enumerar, que son claramente constatables, el Partido Popular convierte cualquier discrepancia técnica o de opinión en temas de Patrimonio histórico en causa de guerra política y acaba siempre por sostener sus posiciones iniciales aunque sean equivocadas para no perder la escaramuza de turno.
Todo ello nos lleva a una situación absurda y claramente perjudicial para los bienes patrimoniales de la región de Murcia. Como no existen los medios para elaborar criterios de actuación científicos e imparciales porque los organismos consultivos o no existen, como es el caso del Consejo Asesor de Patrimonio; o no tienen los cauces para expresarse; o están maniatados; o son claramente clientelares, como
En el fondo de todo subyace una falta de convicción del partido gobernante en la región en
La opinión pública es perfectamente consciente de esta situación y los políticos deberían tomar nota y ponerse manos a la obra. Los ayuntamientos no tienen los medios técnicos especializados que se precisan para actuar en bienes patrimoniales, ni el “distanciamiento urbanístico” necesario para intervenir imparcialmente. Es absolutamente necesario que el PP cumpla la promesa política de crear un Consejo Asesor de Patrimonio regional riguroso e independiente que vertebre a las organismos consultivos; que devuelva a
Juan-Miguel Margalef
Exdirector de cultura, directivo de ADEPA y miembro del Foro ciudadano de
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