Entre la ciudadanía hay un pensamiento generalizado que culpa de
la crisis a los desmanes de los políticos y el gasto público. Se trata
de un pensamiento claramente identificable con las tesis liberales según
las cuales el gasto público debe ser mucho más bajo (lo que justifica
los recortes) y que el mismo PP abandera en cada intervención. Por
ejemplo, hoy mismo el
PP ha comentado que “por culpa del expresidente [Zapatero] se ha
incrementado el peso de la deuda pública en España” y que Sarkozy estaba
acertando al señalar al gasto público como responsable de la crisis.
Ahora bien, todo este discurso es absolutamente ideológico y no se
sustenta en ningún dato. Es aprovechado por el PP para justificar sus
recortes de derechos y por UPyD para justificar su desbocado sentimiento
centralista (al atacar directamente al sistema de financiación y gasto
de las comunidades autónomas), pero siempre sin más instrumentos que el
mero sentimiento o llamadas a las emociones primarias. Los datos, de
hecho, corroboran que ese discurso está construido sobre una mentira.
Observad el siguiente gráfico, que muestra la cantidad de deuda
pública en circulación. Está elaborado a partir de los datos de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012, presentados el otro
día.
Como se puede comprobar, la deuda pública se dispara después del
estallido de la crisis y no antes. Es decir, la relación es exactamente
la inversa a la que sugieren partidos como PP y UPyD. Por lo tanto la
deuda pública no es la causa de la crisis sino que es precisamente la
consecuencia de la misma. Esto ya lo hemos explicado en detalle y con
datos y gráficos aquí, aquí, aquí y aquí.
En 2012 los intereses a pagar por la deuda pública serán de 28.848
millones de euros (para hacerse una idea, el recorte del PP es de 27.300
millones). Pero además el Estado se endeudará este año por un total de
186.100 millones de euros más (y si finalmente las previsiones del
Gobierno no se cumplen estaremos ante una cantidad mayor), los cuales
serán dedicados fundamentalmente para la refinanciación de la deuda
(149.300 millones de euros). Es decir, el Estado se endeudará para pagar
la deuda contraída antes. Y en la medida que suba la prima de riesgo
esa refinanciación será más cara y la punción sobre el Estado será más
grande.
Lo que me interesa señalar aquí es que precisamente la deuda pública
se ha convertido en el mecanismo más efectivo de socialización de
pérdidas y privatización de ganancias, es decir, de transferencia de
dinero público a manos privadas. Está siendo el elemento de política
económica más recurrido para cristalizar la inmensa estafa que está
siendo esta crisis económica.
En el esquema adjunto aparece resumida la cronología de los fenómenos
que he considero más importantes y que están vinculados a la deuda
pública. Como se puede comprobar son los mercados financieros los que
prestan el dinero necesario para que el Estado pueda seguir operando,
pero a su vez exigen condiciones de ajuste que hacen cada vez más
difícil devolver esos mismos préstamos. Es decir, los planes de ajuste
recortan servicios públicos pero a la vez deterioran el crecimiento
económico que posibilita que haya ingresos suficientes. Se entra en una
espiral propia de las llamadas crisis de demanda.
En este punto el mecanismo de la deuda pública se convierte en una herramienta que ejerce
una punción constante sobre el Estado que permite transferir dinero
público a los bolsillos de los llamados mercados financieros (que son grandes bancos y grandes fortunas fundamentalmente). Se trata de un mecanismo de transferencia que los mercados tratan de consolidar a través de las instituciones políticas que dominan,
a saber, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Central Europeo. Y mediante los parlamentos nacionales llevan a
cabo las políticas para consolidar ese mecanismo y garantizar que sigue
operando correctamente, es decir, que sigue absorbiendo toda la sangre posible del Estado.
En las actuales condiciones políticas y económicas estamos asistiendo
a un descomunal saqueo que amenaza no sólo con descomponer los débiles
cimientos en los que se mantenía la estructura económica europea sino
también en destruir la cohesión social y desencadenar estallidos
sociales de gran envergadura.
Y un elemento importante a destacar es que los parlamentos nacionales
y por lo tanto los partidos políticos están siendo meros títeres de
poderes no electos que tienen unos claros intereses económicos. La
estrecha vinculación que existe entre los grandes partidos y las grandes
empresas y fortunas no hace sino confirmar la existencia de
una élite social y política con intereses de clase que domina e influye
en todos los espacios políticos, la mayor parte de las veces sin
legitimidad y en otras ocasiones con un decadente apoyo.
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Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Una consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo en la
mayoría de países de la OCDE desde la época del Presidente Reagan en
EEUU y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ha sido la enorme
concentración de las rentas en aquellos países, alcanzando niveles
desconocidos desde la época que precedió a la Gran Depresión a
principios del siglo XX. Un caso claro es EEUU. En el año 1929, el 1% de
renta superior de la población tenía el 24% de toda la renta del país.
Las reformas New Deal introducidas por el Presidente Franklin Roosevelt
(que es todavía hoy el Presidente más popular que ha tenido EEUU), que
consistieron en el establecimiento de políticas redistributivas, en la
introducción de políticas sociales universales (como la Seguridad
Social), en facilitar la sindicalización -que causó un gran aumento de
los salarios-, así como en el aumento del gasto público en inversiones
en la infraestructura del país, -creando gran cantidad de empleo-
determinaron una reducción muy notable de tal concentración de las
rentas y riquezas. Las políticas redistributivas se mantuvieron durante
el periodo 1934 a 1978. Incluso durante la administración Republicana
del Presidente Eisenhower, el 1% superior de la población (los súper
ricos) pagaron en impuestos por sus ingresos casi un 80% de su renta.
Tales políticas cambiaron desde el establecimiento del
neoliberalismo, a partir del Presidente Reagan, introduciéndose medidas
opuestas a las realizadas en la época anterior. La progresividad fiscal
se diluyó, los programas de carácter universal se redujeron y los
sindicatos fueron debilitados como consecuencia de intervenciones
públicas (tales como la desregulación de los mercados laborales) que
determinaron, de nuevo, una enorme concentración de las rentas,
alcanzando su máximo de nuevo en el año 2008, cuando poseyeron de nuevo
el 28% de la renta nacional. Esta enorme concentración de las rentas
creó un problema económico mayor. Esta concentración se consiguió a base
de la reducción de las rentas del trabajo, creando con ello un problema
de demanda de mayores proporciones. Como había ocurrido en los años
veinte del siglo XX, la polarización de las rentas en aquel momento
causó la Gran Depresión, de una manera semejante que ahora esta
concentración ha originado la Gran Recesión.
Este 1% de la población es el que consigue sus ingresos
predominantemente de las rentas del capital y tiene un enorme poder
financiero, empresarial, mediático y político, pues controlan los medios
de financiación, de producción, de información y difusión, con la
complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado tal
concentración. De ahí que el movimiento Occupy Wall Street en
EEUU los señale, con razón, como los responsables de la crisis
financiera y económica. (Es interesante subrayar que es un indicador de
la enorme influencia mediática y política de los súper ricos que la
concentración de las rentas y de las riquezas como causa de la Gran
Recesión apenas aparece en los medios).
Ahora bien, hay que concienciarse de que por mucho poder que tenga
este 1% (y lo tiene, y mucho), su poder se apoya en una parte de la
sociedad (otro 9%) cuyas rentas dependen de la existencia de este 1%. Es
decir, el 1% es parte del 10% de renta superior que consigue amplios
beneficios de esta concentración de la renta. Este 10% controla hoy el
52% de toda la renta de EEUU, habiendo seguido una evolución semejante
que la del 1% descrito anteriormente. En 1928 tenía el 52% de la renta.
Bajó hasta el 32% en 1978, para subir de nuevo al 52% en el 2008.
El problema, pues, no se limita al 1%, sino al tope 10%, que incluye a
los profesionales al servicio del sistema financiero, económico y
mediático del país y de cuyos servicios obtienen enormes beneficios.
Entre este 10% están todos los que dirigen las instituciones
reproductoras del sistema financiero, económico y mediático, y cuyo
poder de reproducción de valores y promoción de imágenes (como es la
promoción de la postura de que no hay alternativas a las que el
establishment propone) es vital para la permanencia del sistema. Hoy
tales instituciones tienen un dominio sobre el Estado y una hegemonía
sobre los aparatos culturales e ideológicos que facilitan tal control.
De ahí que, aún cuando los que “mandan” en la sociedad son sólo un 1% de
la población, este mando no puede ocurrir sin este otro 9%, sumando un
10% que no va a ser fácil de cambiar.
Ahora bien, hay que ser también conscientes de que la gran mayoría de
la población hoy sabe quiénes son los responsables y su movilización
puede forzar este cambio. Según las últimas encuestas realizadas en
EEUU, la mayoría de la ciudadanía (que varía según la encuesta de un 68%
a un76%) no cree que la economía funcione para el bien de todos, y una
mayoría semejante no cree que el Congreso de EEUU represente sus
intereses. Un tanto parecido ocurre en la gran mayoría de países de la
OCDE. Concretamente, en España, la mayoría de la población no cree que
la economía esté funcionando para el bien de todos o que la clase
política responda a sus intereses. La causa de esta alienación política
es fácil de ver, aún cuando sea difícil leerlo u oírlo en los mayores
medios de información: la enorme concentración de las rentas y de las
riquezas en un sector minoritario de la población (no más de un 10%) y
su excesiva influencia política y mediática en nuestras sociedades. Y la
población es consciente de ello. De ahí el enorme temor y represión del
sistema hacia estos movimientos sociales, como el movimiento 15-M en
España o el movimiento Occupy Wall Street en EEUU que, continuadores de
movimientos contestatarios como los sindicatos y otros movimientos
sociales, critican al sistema, subrayando la falta de coherencia entre
discurso y narrativa oficial pro democrática del establishment político y
mediático del país por una parte, y la realidad profundamente
antidemocrática que aparece en sus prácticas cotidianas y en sus
políticas públicas, todas ellas llevadas a cabo sin ningún apoyo o
mandato popular.
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