"LA CONTRARREFORMA SANITARIA. EL MERCADO GANA, LA SALUD PIERDE"

Pedro Marset, Profesor emérito de medicina. Foro Ciudadano.

El RD de 20 de abril de 2012 (16/2012) sobre “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de Sistema Nacional de Salud y la mejora de calidad y seguridad de las prestaciones” es, como afirma la Consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, la mayor “reforma” desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, una completa Contrarreforma sanitaria. Sitúa, aprovechando la crisis, la lógica del mercado frente a la primacía que tiene la consecución de salud para todos. De los seis grupos de medidas adoptadas sólo dos tienen que ver con la eficacia, el resto busca la introducción de la lógica del mercado.

El primer grupo de medidas limita el derecho constitucional a la salud al introducir un concepto del pasado, el de “asegurado”. Se liga el derecho a la salud con la condición de contribuyente como ocurría en la lejana época del Seguro Obligatorio de Enfermedad del franquismo. Inmigrantes sin papeles, jóvenes sin haber cotizado, desplazados, colectivos diversos quedarán fuera, acreedores de un sistema para “pobres” como en la época de la beneficencia, de los pobres de “solemnidad”. Extraña forma de “garantizar la universalidad a través de la individualización”. Puesto que no vale la excusa de hacer pagar el “turismo sanitario” cuando hay otros cauces europeos ya previstos dentro de la propia UE.

El segundo grupo de medidas “regula”, es decir limita igualmente la “cartera de servicios sanitarios” dividiendo la misma en tres categorías, una “cartera común básica”, de mínimos, gratuita, otra de “servicios común suplementaria” la de la dispensación ambulatoria y otra “común accesoria”, estas dos con contribución económica según nivel de renta. Algunos servicios estarán dentro y otros no, que habrá que pagar en parte o totalmente. Por ejemplo los desplazamientos de personas invalidas que no sean de urgencias. Es decir pagan los enfermos, los usuarios, y no a través de los mecanismos redistributivos de la imposición fiscal progresiva. Se penaliza la enfermedad, a las capas más desfavorecidas que son las que padecen más enfermedades limitando la accesibilidad al Servicio Murciano de Salud.

En el tercer grupo de medidas se introduce el mal llamado copago farmacéutico, en realidad un repago, que oscilará entre el 0% y el 60% del precio que a su vez dependerá de un conjunto de factores, como edad, estar en activo o pasivo, padecer una enfermedad crónica o no, nivel de renta, etc., todo ello a través de los datos fiscales y del historial clínico en la tarjeta sanitaria. Otra vez se penaliza al enfermo. Extraña forma de garantizar la gratuidad del Sistema Nacional de Sanidad pagando.

En el cuarto grupo de medidas se “ordenan los recursos humanos”, es decir se reduce la plantilla, se aumenta la jornada laboral, y se cubre, por ejemplo, de cada diez jubilaciones sólo una, además de reorganizar (reducir) las guardias médicas. Todo ello redunda en recorte de la plantilla disponible. Además se “unificarán” servicios o “puntos especiales” de atención sanitaria incidiendo en la misma dirección, eliminación de servicios.

Sólo quedan como medidas de eficacia, la de centralización de las adquisiciones (farmacéuticas y tecnológicas), junto a la mejora de los sistemas de información (TIC), y la aplicación del Pacto Sociosanitario.

Con la aplicación de medidas racionales en el funcionamiento del Servicio Murciano de Salud como eliminar conciertos onerosos, y prácticas retribuidas adicionalmente, la prescripción de genéricos, la mejora en el funcionamiento de los niveles primario, secundario y terciario, medidas de prevención y promoción de la salud, según la Red Ciudadana por la Salud Pública (RECIPS) se ahorrarían en la Región 290 millones de euros al año que se podían dedicar a: 1) evitar el copago, 2) evitar la discriminación a inmigrantes sin papeles, 3) mejorar en Atención Primaria y en Salud Pública, y 4) evitar bajar el sueldo a los profesionales del sector.

Queda claro que el objetivo no es el declarado, de la universalización y gratuidad, sino el de introducir la lógica del mercado que, no lo olvidemos, siempre aumenta el gasto sanitario, tanto privado como público.