"LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y EMPRESARIAL VINCULADA AL BOOM INMOBILIARIO EN MURCIA NECESITA SER INVESTIGADA, JUZGADA Y DEPURADA SIN DEMORAS NI MANIOBRAS OBSTRUCCIONISTAS"

• A propuesta del Foro Ciudadano, la Cumbre Social de la región de Murcia ha acordado hoy por unanimidad hacer público (el martes) el siguiente
  
  COMUNICADO DE LA CUMBRE SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
  
  LA CORRUPCIÓN POLÍTICA Y EMPRESARIAL VINCULADA AL BOOM INMOBILIARIO EN MURCIA NECESITA SER INVESTIGADA, JUZGADA Y DEPURADA SIN DEMORAS NI MANIOBRAS OBSTRUCCIONISTAS
  
  El ciclo especulativo del boom inmobiliario ha estado asociado en la región de Murcia a un proceso de intensa corrupción política y empresarial que ha asolado la vida pública, infectado el sistema económico y degradado la calidad de la democracia en la región. Los datos que se conocen sitúan a la región como una de la comunidades con mayor porcentaje de casos de corrupción denunciados y en proceso de investigación del país.
  
  Esta corrupción no ha mostrado carácter episódico, sino que tiene bases estructurales relacionadas con decisiones y reformas legales, los instrumentos de gestión utilizados y el decaimiento de los sistemas de control político-institucional que se han privilegiado para hacer posible el boom del ladrillo y el sobredimensionamiento especulativo del sector de la construcción durante casi una década, todo ello al amparo de la opacidad y la libérrima discrecionalidad de las decisiones.
  
  Esta situación ha afectado seriamente a la calidad de nuestro sistema democrático, a la eficiencia institucional y a la confianza de los ciudadanos en sus representantes institucionales, provocando una fuerte desafección ciudadana respecto al sistema político.
  
  En la región de Murcia jueces y fiscales hacen frente a un número muy elevado de casos, de gran alcance y de enorme complejidad. En el éxito y profesionalidad de su trabajo está comprometida una buena parte de las esperanza de los ciudadanos en superar un periodo lleno de sombras y abusos intolerables que apenas estamos empezando a conocer.
  
  Pero en su trabajo, realizado en muchas ocasiones con escasos medios humanos y materiales, y aún admitiendo que nadie está libre de cometer errores, la justicia tiene que enfrentarse a un minoría poderosa que está decidida a que no avance el conocimiento y la depuración de responsabilidades. Estos grupos, con fuertes intereses políticos y económicos, maniobran sin descanso para dificultar e impedir el trabajo de los tribunales y la administración de justicia.
  
  Más allá del legítimo ejercicio del derecho de defensa, observamos como se organizan estrategias que buscan lisa y llanamente la impunidad de los implicados, a través de denuncias, querellas, actuaciones dilatorias, personaciones impropias como acusación particular en los procesos, descalificaciones personales e insinuaciones de todo tipo dirigidas a confundir a la opinión pública, a generar artificiosamente supuestos motivos de separación de los casos de los jueces y fiscales más incómodos y a presionar por todos los medios para que las investigaciones de los procesos sean anuladas, no prosperen y acaben sin sentencias.
  
  La Cumbre Social de la región de Murcia, recogiendo un sentimiento de preocupación ampliamente compartido por la ciudadanía, expresa su apoyo a las investigaciones y actuaciones judiciales en los procesos abiertos en la región contra la corrupción y su rechazo de las maniobras organizadas para obstruirlas, dilatarlas o anularlas, que tienen como objetivo último la impunidad de los delitos y de los delincuentes, reclama que se dote a la administración de justicia de los medios necesarios para desarrollar adecuadamente su trabajo con celeridad y evitando la prescripción de los delitos, y exige que se respete este trabajo.
  
  Los ciudadanos tienen derecho a saber que ha pasado en estos años en nuestra instituciones públicas, a separar de ellas a los responsables de las casos de corrupción, a exigir que caiga sobre ellos el peso de la ley con independencia de quienes sean, y a que se permita actuar a la justicia con independencia y sin someterla a presiones inaceptables, ya que este es el único camino que puede regenerar la vida pública y restaurar la confianza dañada entre la ciudadanía y sus representantes reforzando al mismo tiempo la confianza en una justicia democrática al servicio de la legalidad e igual para todos.
  
  Murcia, 11 de noviembre de 2013.