Intervención de Miguel Ongil (Cuentas Claras) en la Comisión Constitucional del Congreso.

Economía Ciudadana.


"Cártel de partidos" - Miguel Ongil.

"Quiero empezar explicando los tres documentos en los que voy a basar mi comparecencia. El primero, es un artículo que publicamos la semana pasada contando las veintiuna lagunas legales que tiene el proyecto de ley presentado por el Gobierno sobre financiación de partidos. El segundo, sería el punto relativo a un libro que he publicado junto con Manuel Maroto y Suso Baleato y Victoria Anderica y el tercero es una consulta pública que abrimos hace escasamente una semana para recoger opiniones del público. Creemos que solamente se ha llamado a declarar a doce personas y muchísima gente no solo tiene algo que aportar, sino que tendría que tener el derecho de aportar en un tema tan sensible como este.

Voy tratar de trasladar estas propuestas, si bien no les voy a trasladar es todos los insultos, las palabras gruesas que me han dedicado. Los cinco puntos en los que se dividen las propuestas son impunidad, transparencia, independencia de la justicia y de los órganos de control, la financiación de partidos y por último, el sistema de partidos y la participación ciudadana. No me voy a poder detener en los tres primeros, pero gracias a que hemos tenido participación en esta consulta abierta, no quiero dejar de mencionarlos. O sea por un lado está la independencia de la justicia y de los órganos de control como en este caso sería el Tribunal de Cuentas; dentro de la transparencia creemos que una ley, de verdad, de transparencia recoja el derecho de acceso a la información, un control del lobby –tenemos derecho a saber con quién se reúne antes de tomar las decisiones–, tenemos propuesta de contratación pública –una base de datos nacional sobre las licitaciones– y también la prevención de los whistle–blower (de las filtraciones) ya sea dentro de la Administración pública o en la empresa privada.

El tercer punto es la impunidad. No me voy a extender aquí porque ha habido expertos constitucionalistas, todo tipo de catedráticos que han hablado antes de esto, pero es evidentemente una grandísima demanda ciudadana acabar con todo este tipo de indultos a corruptos, prescripciones, inhabilitaciones, aforados y el hecho de que no esté incluido el delito de financiación de partidos en la reforma del Código Penal. Aquí me quiero detener porque no es suficiente con incluir este delito no solamente para los corruptos, hay que señalar también a los corruptores, al poder económico que está en la raíz de este tipo de corrupción. Y un último comentario, antes de pasar a hablar de la financiación de partidos, es que sin duda es importante al tratar el tema de la reforma de la justicia el acabar con la impunidad, pero lo que no podemos hacer es desviar toda la atención y pensar que un problema que es en su raíz político puede ser solucionado solamente por la vía penal.

Sobre la financiación de partidos. Es una pena que no vayamos a tener el tiempo de discutir apropiadamente sobre diferentes modelos de financiación. Escucho y me hace gracia –bueno, o me cabrea un poco– el reducir toda la discusión sobre si queremos un sistema de financiación pública o un sistema de financiación privada. En la actualidad lo que tenemos es básicamente que los partidos pueden recibir donaciones sin límite vía fundaciones de personas físicas, de personas jurídicas; pueden invertir en bolsa; pueden tener sus propias actividades; tienen exenciones fiscales, tienen deducciones fiscales; reciben dinero público a espuertas, y no tienen ninguna limitación sobre el endeudamiento. Esto, dentro de una situación en la que ni siquiera justifican todo el dinero que reciben, todo el dinero público. Lo lleva diciendo el Tribunal de Cuentas un año tras otro: se dejan 60 millones sin justificar, la mayoría provenientes de las agrupaciones locales, donde creo que podríamos estar de acuerdo en que se concentra gran parte de la corrupción urbanística. Y tenemos una supervisión que no es ni efectiva ni real: el Tribunal de Cuentas es más parte del problema que de la solución. Además no hay ningún tipo de sanciones, no se ha dado en toda la historia desde la Transición una sanción a ningún partido político. Entonces, yo les pregunto, ¿qué modelo tenemos en España si no es el del todo vale? Esto habría que hablarlo con más profundidad. Lo segundo, ya que no vamos a poder debatir en profundidad sobre las diferentes opciones, es por lo menos tratar de limitar los daños con nuestros comentarios a la propuesta de ley del Gobierno. No hemos sacado una ni dos ni tres, sino veintiún puntos negros muy importantes que incluye la propuesta del Gobierno de ley de partidos o que deja sin solucionar. No voy a pasar por los veintiuno, pero sí quiero mencionar unos cuantos de ellos.

Es increíble que siga siendo posible donar sin límite inmuebles. En teoría hay unos límites para las donaciones dinerarias, pero Emilio Botín o cualquiera podría comprar un edificio de diez millones de euros y dárselo a un partido, y sería perfectamente legal. Además no entiendo que en esta nueva propuesta de financiación se permita donar a extranjeros, parece que el que no se tenga el derecho a voto no es un problema para influir e intervenir directamente en el sistema de partidos. Las empresas podrán seguir ganando ilimitadamente, solamente lo tendrían que hacer por la vía de las fundaciones. Todo el sistema que están proponiendo de aceptación de donaciones es realmente increíble: los partidos tendrán hasta el tercer mes después del ejercicio para decidir si aceptan o no dinero que pueden tener desde hace doce o trece meses en sus cuentas. No sé cuál es el objetivo  de esto pero lo que está claro es que sí pueden realizar operaciones de inversión pese a que tienen prohibidas las actividades mercantiles en teoría.

La propuesta de decir que se le va a dar publicidad a las donaciones es una tomadura de pelo. Sí está recogido que se tiene que incluir en la memoria la relación de donantes, pero a la vez la misma ley no obliga a publicar la memoria, o sea, que seguiremos en la misma situación en la que estábamos.

El sistema de prescripciones también es otra tomadura de pelo a la ciudadanía. Según la gravedad de las infracciones, se contemplan plazos de uno, dos o cuatro años; yo no entiendo por qué tiene que haber un plazo menor a diez o quince años, pero es que además se da que las infracciones más leves serían por ejemplo no presentar las cuentas o negarse a colaborar con el Tribunal de Cuentas. O sea, que yo me pregunto: si esta es la situación para las más graves, que prescriben antes siquiera de que el Tribunal de Cuentas sea capaz de publicar sus informes, ¿cómo se supone que va a ser capaz de demostrar las infracciones más graves?

El Tribunal de Cuentas, propuesta para hacerlo independiente. Por ley tiene que ser independiente y ya está, sin cambiar su estructura ni cómo es el método de elección de sus consejeros. Y les recuerdo que el Tribunal Supremo ya les sacó los colores diciendo que hay más funcionarios elegidos a dedo que funcionarios de carrera.

Una de las grandes cosas que se vende como transparencia es que los tesoreros de los partidos podrán venir al Congreso. Eso será si así lo decide la Comisión Mixta, la misma Comisión Mixta que era la encargada de decidir si se ponían sanciones a los partidos, que no las ha habido nunca. Más que nada estamos en contra de este modelo que ustedes llaman –por lo visto– modelo del fusible; es mucho más cómodo tener una persona que sea la que está expuesta, que es la que tiene que dar la cara, que es fácil de quemar y fácil de sustituir sin que esto llegue a afectar a otras estructuras del partido ni a otros cargos públicos. La alternativa que nosotros proponemos a esto es empoderar a los militantes. La ley de partidos está totalmente vacía de contenidos y deben tener mayor responsabilidad en el propio control de las cuentas, para eso es necesario también que haya órganos de control y de arbitraje elegidos independientemente de la dirección de los partidos. Además, como por ejemplo existe en la ley alemana de partidos, creemos que, ya sea a nivel local, regional, autonómico o nacional, tiene que haber tres encargados de firmar las cuentas como en el caso de Alemania –en la que cualquier infracción puede llevar aparejadas penas de hasta tres años–: la presidencia de esa agrupación, de ese partido, el propio tesorero y un interventor.

En cuanto a la democracia interna, como digo, no está en ninguna parte, se sigue sin legislar y lo que ha quedado claro es que los partidos son incapaces de autorregularse, lo hemos estado viendo y a la vista están las consecuencias. Si acaso se trata de regular por la vía del Código Penal, que es a lo que estamos acostumbrados, todo lo que no es delito es legítimo, hasta que un juez no se pronuncia, aquí no ha pasado nada, esta es la forma de eludir las responsabilidades políticas.

Por otro lado, no se limita de ninguna forma el endeudamiento. Resulta que los partidos deben, según los últimos datos del Tribunal de Cuentas, 275 millones a las entidades de crédito y según el mismo informe, diecisiete formaciones tienen patrimonio neto negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un buen número de partidos que, si no se renegociaran los créditos, a lo mejor no serían capaces de pagar las nóminas al día siguiente. Es importante entender que las dependencias financieras crean dependencias políticas.

Por último, también quería señalar los partidos se seguirán legislando a sí mismos, este es el problema central que tenemos por resolver; el conflicto de intereses de los partidos siendo los legisladores y legislados al mismo tiempo no se le escapa a nadie. Esto es lo que va a llevar a que no se solucione el problema. Y más allá de si esa es la mayoría actual de Gobierno o las anteriores, este círculo de impunidad no se va a poder romper si no es introduciendo la participación ciudadana. Una vez que nos encontramos en este callejón sin salida, esta falta de voluntad de realmente atajar los verdaderos problemas, nos planteamos que quedan solamente dos salidas y dos alternativas. Por un lado, tenemos que incluir, como decía, mecanismos de participación ciudadana y es simplemente cumplir lo que dice la Constitución en  el artículo 23, que los ciudadanos tienen derecho a participar directamente en la política o bien por medio de sus representantes. Podemos ver un montón de experiencias en otros países de cómo se ha tomado esta situación. Como decía,  hay dos salidas. Por un lado, es la participación ciudadana y, por otro lado, necesitamos otro tipo de partidos y otro tipo de políticos.

Termino con la participación ciudadana. No puede ser que un ciudadano cualquiera no tenga derecho a saber las cuentas o a investigar o simplemente a reclamar más información. La única información que tenemos es a través de las gafas de color rosa del Tribunal de Cuentas. Si queremos reclamara algunas veces, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, resulta que necesitamos el concurso de algún partido para hacer este tipo de reclamación. No queremos más derechos tutelados, queremos poder interactuar directamente en estas situaciones, es decir, extender los derechos ciudadanos de supervisión, de control y también de queja y de demanda ante las administraciones. En el caso de la corrupción ni siquiera tenemos herramientas como las iniciativas legislativas populares. Algunos ejemplos que ha habido en otros países de participación son el muy manido caso de la Constitución en Islandia. También tenemos un caso que a mí me parece particularmente interesante en la Columbia británica donde los partidos se comprometieron a dar a una asamblea de ciudadanos el poder de cambiar la Ley Electoral, que es otra ley que tiene exactamente el mismo conflicto de intereses para los partidos como legisladores y legislados y se comprometieron a aceptar lo que esta Asamblea de ciudadanos propusiera para cambiar la Ley Electoral. Podemos pensar en un tipo de mecanismo parecido.

También les invito a echar un vistazo a la convención constituyente que están haciendo en Irlanda. Es otra modelo diferente donde dos tercios de los miembros son ciudadanos y un tercio son representantes políticos. Al fin y al cabo hay diferentes modelos, según si la elección de los ciudadanos sea directa o sea por sorteo, si son mixtos, ciudadanos o representantes políticos.

Sobre determinar el sistema de partidos, lo que tenemos es lo que los politólogos llaman un sistema cártel de partidos. ¿Qué significa esto, por poner un ejemplo? Si las industrias –hagan un esfuerzo de imaginación– fueran las mimas las que hicieran su propia regulación, ¿a que los precios subirían? ¿A que aumentarían sus beneficios? ¿A que cerrarían la competición a nuevos actores y a que saldrían perdiendo todos los  consumidores? Esto es lo que está pasando exactamente con el sistema de  partidos. Tenemos una ley electoral que tiene unas barreras de entrada enormes para los nuevos partidos y crea unas distorsiones muy importantes en la representación. Estas distorsiones además se reflejan y se amplifican en la financiación de partidos porque, al contrario de países como Francia, Alemania e Italia, la financiación queda restringida exclusivamente a los partidos con representación. Por ejemplo, en Alemania el suelo para tener representación es un 5% y un 0,5% solo para recibir financiación.

La Ley de Partidos está hueca, no se regula la democracia interna y por eso tenemos todas esas estructuras clientelares dentro de los partidos en donde no se asume la meritocracia. Al final es un sistema incapaz de reciclarse y de depurar todos los elementos corruptos y tóxicos. Es como si hubiesen diseñado un coche sin tubo de escape, en donde nos estamos ahogando todos dentro. Si no tenemos ningún mecanismo para denunciar esto, para cambiar las cosas, para poner nuestro granito de arena, lo único que nos queda son las manifestaciones, salir a la calle; y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de que nos peguen, de que nos multen o de que nos criminalicen. Tienen que saber que no vamos a parar. Si nosotros hemos sido capaces en Semana Santa, deprisa y corriendo, de hacer una consulta pública y recoger otras voces, ¿por qué ustedes no quieren?

Para terminar –esto es lo último que voy a decir, de verdad–, quisiera dar las gracias por haberme permitido denunciar la corrupción dentro del Congreso. Si lo hiciera fuera de estas paredes, a las puertas del Congreso, me podría costar hasta 600.000 euros".