DERECHOS, QUE NO PRIVILEGIOS

DERECHOS, QUE NO PRIVILEGIOS

Según el Diccionario de uso del español de María Moliner, privilegio es la excepción de una obligación, o posibilidad de hacer o tener algo que a los demás les está prohibido o vedado, que tiene una persona por una circunstancia propia o por concesión de un superior. Por el contrario, derecho es la circunstancia de poder exigir una cosa porque es justa.

Soy funcionaria, me dedico a la docencia y trabajo en un instituto de educación secundaria, en este país. Y no, yo no tengo privilegios. El sueldo que cobro es un derecho que me gano honradamente con mi trabajo. Está regulado por un convenio en el que participan y firman todas las partes interesadas. Es transparente, cualquier ciudadano puede saber lo que cobro. Hacienda conoce perfectamente mis ingresos, en mi declaración no cabe el fraude ni la picaresca. Mis ahorros, pocos, están en entidades bancarias completamente controladas por el estado, y no en paraísos fiscales.

Me levanto todas las mañanas a las seis y media para ir a trabajar. Cuando regreso estoy cansada, porque, aunque no lo parezca, este oficio es agotador. Diariamente doy cuenta de mi trabajo primero a mis alumnos y por supuesto a sus padres, luego a mi director y si es preciso al inspector de mi zona, porque yo sí tengo jefes.

Obtuve mi puesto de trabajo aprobando una oposición, que por si alguien no lo sabe, es una prueba muy dura, y no hubo “enchufismos” de ninguna clase. Si tengo que ir a trabajar en coche, el vehículo es propio y pago la gasolina, yo no tengo coche oficial ni chófer. Si he de quedarme a comer, me pago la comida, yo no cobro dietas. El café y el almuerzo corren por mi cuenta, y hasta los bolígrafos rojos que gasto para corregir los ejercicios de mis alumnos, los compro con mi dinero. Los libros de texto y de lectura que necesito para trabajar, de momento, nos los ceden, gratuitamente las editoriales, tampoco les cuestan un euro a la Administración.

No, yo no tengo privilegios. Alguien podría pensar que disfruto de un mes de vacaciones más que el resto de mortales. Pero durante el curso escolar trabajo prácticamente todos los domingos, y cuando no trabajo en domingo es porque lo he hecho en sábado. Si cuentan todos estos días, verán que suman más de 31, que son los que tiene el mes de Julio. Cuando llevo a mis alumnos de excursión o de viaje, les dedico las 24 horas, dejando a mis hijos y a mi familia.

No, yo no tengo privilegios. Y sin embargo me siento privilegiada. Sí, me siento privilegiada porque considero que mi trabajo es muy importante y valioso y realizo un servicio social. Me siento privilegiada cuando veo crecer y madurar a mis alumnos, los veo superar sus dificultades y aprender, y yo estoy ahí ayudándoles, aunque solo sea un poquito. Me siento privilegiada cuando mis alumnos me saludan por la calle, casi siempre con una sonrisa y cuando hablo con sus padres con la cordialidad propia de quienes comparten objetivos. Me siento privilegiada cuando encuentro a antiguos alumnos y me hablan de sus vidas, de sus éxitos y sus proyectos. Y sobre todo me siento privilegiada porque trabajo rodeada de extraordinarios profesionales que se dejan la piel día a día para llevar a buen puerto esta nave que la Administración se empeña en hacer zozobrar. Sí, estos son mis privilegios, pero puedo asegurarles que no le cuestan ni un euro al contribuyente.

Con todo, no crean que quiero ponerme medallas, nada más lejos. En el fondo me siento como el siervo inútil del Evangelio, al fin y al cabo solo cumplo con mis obligaciones. Pero es importante no confundir derechos con privilegios. Los recortes en Sanidad y Educación, son recortes en derechos y no en privilegios. Que no os confundan. No veáis enemigos donde hay amigos, ni verdugos donde hay víctimas como vosotros. Confundir es un arma de poder para camuflar al verdadero culpable.

Con todo lo que está cayendo sobre los docentes, lo que más me duele no es la pérdida de poder adquisitivo, sino el menoscabo moral al que se nos está sometiendo. Solo pido a la sociedad, respeto. A los políticos, honestidad, porque muchos han olvidado el significado de esa palabra, si es que lo conocieron alguna vez. También les pido valentía, porque pisotear al débil es de cobardes. Los culpables de esta crisis son mucho más poderosos que nosotros y sí tienen privilegios, que lo paguen ellos.

Por la dignidad del docente, que es lo que no nos pueden quitar.

Carta recibida en mi e-mail....donde se explica todo muy clarito. 

Por la defensa de la Educación Pública y la Sanidad Pública. Por que no acaben con ellas, aunque algunos estén deseándolo para hacer sus negocietes y repartirse el pastel.

Otro artículo de Francisco J. Bastida, Catedrático de Derecho Constitucional:


Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica.
Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen
de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y
al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con
el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan
para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en
el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no
como una parte más de quienes sufren la crisis. La  bajada salarial y el
incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera
inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver
ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado.
Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en
el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es
comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de
independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada
momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia,
se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública,
conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de
ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no
se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos
legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que
no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y
no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a
veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la
inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado
son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar
en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan
a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia
los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen
objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener
límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de
conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega
a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e
incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para  evitar
tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza
al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha
provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios,
lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para
acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una
consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un
funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los
gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la
convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso
en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la
Administración  , en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la
corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para
atajarla.


Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se
tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos
mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea
personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es
general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios
y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una
medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de
fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte
económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su
dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún
problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como
persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre
disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie
ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración ,
ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta
de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida
sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo
se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo
estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura  demagogia para
dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian
a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y
prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la
Administración  ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y
capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la
crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por
falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera
más discreta.